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México será sin duda un país más democrático y participativo este 1° de junio. A pesar de que algunos puedan llamar a no votar o promover la abstinencia electoral, la realidad es que el poder reside en el pueblo, y en esta fecha tan importante, la ciudadanía tiene la oportunidad y la responsabilidad de ejercer su derecho a decidir el rumbo del país. La participación electoral no solo refleja la voluntad popular, sino que también fortalece las instituciones democráticas y garantiza que las decisiones que afectan a todos sean tomadas por un gobierno que verdaderamente represente los intereses de la población. Estamos profundamente contentos y optimistas porque, en esta ocasión, entre todas y todos los ciudadanos, tendremos la responsabilidad de elegir a jueces, magistrados y ministros que integrarán los órganos responsables de impartir justicia en México. Estas decisiones no son menores, ya que los funcionarios que seleccionamos en estas elecciones serán los encargados de velar por la legalidad, la equidad y la protección de los derechos de millones de personas en el país.

La importancia de estas elecciones radica en que representan un paso firme hacia la consolidación de un sistema judicial más transparente, eficiente y justo, en línea con los principios democráticos que todos deseamos promover y fortalecer. La reforma al Poder Judicial no fue una ocurrencia aislada o una mera decisión improvisada. Es, más bien, una respuesta concreta a un mandato claro del pueblo mexicano, un esfuerzo colectivo por transformar y renovar nuestras instituciones para acabar con décadas de corrupción y nepotismo que han minado la confianza en la justicia. Estos problemas no solo han permitido que algunos actores ilícitos permanezcan impunes, sino que también han contribuido a la percepción de que la justicia en México no siempre es pareja ni accesible para todos. Las acciones y cambios impulsados en esta reforma buscan crear un sistema judicial más imparcial, donde la integridad y el mérito sean los pilares fundamentales, y donde las decisiones judiciales no estén influenciadas por intereses particulares o intereses económicos. Es fundamental entender que la justicia en nuestro país no ha sido siempre equitativa ni imparcial.

La existencia de favores, protección a delincuentes, condonaciones de impuestos y decisiones a medida, generan un daño profundo a la estructura social y a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La lucha contra estos flagelos requiere de un compromiso conjunto de todos los actores sociales y de la participación activa de la ciudadanía en las elecciones. La elección de jueces y magistrados es, en esencia, una forma de garantizar que la justicia funcione de manera más pareja, que no exista una justicia para unos pocos privilegiados y otra para la mayoría. La verdadera justicia debe trascender las desigualdades y ser un ejemplo de igualdad y respeto por los derechos humanos. Por eso, en este 1° de junio, más que un acto electoral, es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un México más justo y democrático. Cada voto cuenta, cada decisión es un paso hacia una justicia más transparente y efectiva, que beneficie a toda la población y contribuya a construir un país en el que la ley y el orden sean una realidad para todos. La participación activa y consciente del pueblo mexicano en estos comicios es una poderosa herramienta para erradicar la corrupción, fortalecer nuestras instituciones y avanzar hacia un futuro donde la justicia sea verdaderamente pareja, sin privilegios ni impunidades.