El senador Gerardo Fernández Noroña ha elevado la voz para denunciar lo que él considera una parálisis política deliberada en el proceso para retirar el fuero constitucional a Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI. Su postura, más allá de una simple acusación, se sustenta en una serie de argumentos que buscan priorizar la acción jurídica y la rendición de cuentas sobre las conveniencias políticas internas de su propio partido, Morena.
🔍 El núcleo de la exigencia de Noroña: ¿Decisión política o trámite jurídico?
La posición de Fernández Noroña se contrapone directamente a la narrativa oficial que habla de un proceso en curso sujeto a plazos. Estos son los pilares de su argumentación:
- Existencia de elementos legales suficientes: Noroña sostiene que las cinco carpetas de investigación presentadas por la Fiscalía de Campecha, que incluyen presuntos delitos como peculado, constituyen una base más que suficiente para que la Cámara de Diputados actúe. Desde su perspectiva, la revisión técnica no debería ser un pretexto para la inacción indefinida, ya que la Fiscalía ya habría realizado su parte al presentar las acusaciones formales.
- El compromiso incumplido de Monreal: El senador ha hecho pública una acusación directa: “A mí me dijo Ricardo Monreal: ‘sí, vamos a proceder’. Me lo dijo en mi cara hace mínimo tres semanas y no mueve un dedo”. Esta declaración busca evidenciar que existe una voluntad política expresada pero no ejecutada por parte de una figura clave en el proceso legislativo, el coordinador de la bancada de Morena en Diputados.
- La lucha contra la impunidad como principio: Para Noroña, este caso trasciende a las personas y se convierte en un test para el compromiso anticorrupción del partido en el gobierno. Permitir que un proceso con acusaciones de corrupción se estanque, argumenta, enviaría un mensaje de tolerancia a la impunidad y debilitaría la credibilidad de la lucha contra estos delitos.
⚖️ Contexto que fortalece su postura
La exigencia del senador no se da en el vacío y se enmarca en circunstancias que, según su visión, la hacen más urgente:
- Antecedente de agresión: El altercado físico entre ambos legisladores en el Senado en agosto de 2025, que derivó en denuncias penales, añade una capa de gravedad y demanda una respuesta institucional clara que vaya más allá de lo personal.
- Presión de la base y la opinión pública: Consignas en redes sociales como “Queremos el desafuero de Alejandro” reflejan un sector de la militancia y ciudadanía que espera acciones concretas contra figuras acusadas de corrupción, presionando para que las promesas se cumplan.
- El riesgo de la “congeladora” legislativa: Existe un temor fundado, basado en precedentes históricos, de que los procesos de desafuero puedan diluirse o archivarse en comisiones ante complejos equilibrios políticos, perdiendo así su propósito original de rendición de cuentas.
📌 Conclusión: La razón de la urgencia
La postura de Gerardo Fernández Noroña puede entenderse como un llamado a privilegiar la ética sobre la táctica y el imperio de la ley sobre los cálculos partidistas. Sus razones apuntan a que:
- Cuando existen acusaciones formales de corrupción presentadas por una fiscalía, el Poder Legislativo tiene la obligación de actuar con celeridad y no refugiarse en la lentitud burocrática.
- Los compromisos públicos entre líderes políticos deben honrarse, especialmente cuando involucran procesos de trascendencia nacional como la remoción del fuero a un presidente de partido.
- La credibilidad de la actual administración y su bancada legislativa en materia de combate a la corrupción se pone en juego en casos emblemáticos como este.
Por estas razones, Noroña insiste en que es tiempo de actuar y que cualquier demora adicional solo beneficia a quienes, según las acusaciones, podrían haber cometido actos ilícitos.
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